Hacia una ley general de la comunicación social en Bolivia

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La elaboración de una ley general de la comunicación social en el país ha estado identificada mayormente con los periodistas y en algunos casos con el gobierno, pues han sido la propias organizaciones de profesionales del periodismo, así como los legisladores y ejecutivos del Estado que han realizado diversas consideraciones y propuestas sobre algunos aspectos de una legislación en este ámbito. Sin embargo, el periodismo y la información gubernamental ya sea como relaciones públicas o propaganda sólo representan partes del hecho comunicacional, y por tanto enfoques parcelados de la comunicación al momento de encarar una ley comunicativa: ¿Se podría legislar al todo desde el enfoque de una o dos de sus partes? ¿Será acertado legislar a la comunicación social, que es transversal a la propia vida social, desde la perspectiva del periodismo o la información gubernamental? Y no se trata de estar en contra o a favor de uno u otro, de adoptar una posición infranqueable sino de un procedimiento acorde con una realidad determinada, de una metodología legislativa que permita normar con justeza una realidad multiforme como es el caso de la comunicación en un contexto de la plurinación boliviana.

Si por legislación se entiende la acción y efecto de legislar, de establecer leyes para un ámbito de la vida social, es necesario considerar, al menos, el alcance de aquello que se pretende normar, de los sujetos y objetos, las situaciones y procesos a ser reglamentados por la autoridad legislativa. Por esta razón, los análisis, reflexiones y debates en torno a la legislación comunicacional debieran responder, como cuestión central, a las dimensiones fundamentales de la comunicación en un país como el nuestro, al alcance de sus actores y ámbitos comunicacionales, y a los contextos en los que se desenvuelven.

Es muy bien conocido entre los comunicadores, y al parecer solo entre ellos, que la comunicación se encuentra presente en todos los aspectos de la vida de las personas. Es consustancial y transversal a la vida dicen unos comunicólogos, es interacción social a través de mensajes afirman otros. No obstante esta universalidad comunicativa, en Bolivia solo se legislan partes de la comunicación: el periodismo, las telecomunicaciones y otras prácticas aisladas de comunicación en distintas leyes nacionales. Por demás está decir que no se trata de desecharlos sin justificación objetiva, sino de asimilar lo útil de las existentes, articular las disposiciones dispersas y ampliar la cobertura actual y vigente. Es posible afirmar, en consecuencia, que existiría una desconexión entre una reducida cobertura de la comunicación legislada y la realidad comunicacional en Bolivia.

La comunicación no se reduce a una o dos de sus partes, al periodismo o a las telecomunicaciones, sino que abarca un conjunto mayor de ámbitos comunicacionales. Aunque no se pretende establecer y delimitar con precisión las áreas de la comunicación (tarea que es imposible de realizar), es posible trazar a groso modo campos o ámbitos comunicacionales. Tanto por la experiencia profesional de los comunicadores como por la práctica de la población en general se pueden identificar hipotéticamente, además del periodismo y las telecomunicaciones cuatro grandes áreas comunicacionales que constituirían, en conjunto, el fenómeno de la comunicación social en Bolivia (áreas que incluyen o aglutinan por su afinidad una serie de disciplinas técnicas y científicas).

Estas áreas serían: la comunicación masiva que se desenvuelve en relación a la producción industrial y la circulación mercantil de bienes y servicios culturales destinados a públicos masivos; la comunicación alternativa por medio de la cual se desarrollan procesos de cuestionamiento a toda forma de comunicación dominante, utilizando para tal objeto recursos interpersonales y grupales así como dispositivos de alcance no masivo; la comunicación organizacional que se desenvuelve en el ámbito de las organizaciones públicas y privadas, desarrollando procesos de comunicación formal en base a normas nacionales e internas, y comunicación informal o la cultura organizacional; y finalmente, la comunicación comunitaria a través de las distintas formas de comunicación originaria llevadas a cabo entre los pueblos y naciones indígena originarios que habitan parte del territorio nacional.

En resumidas cuentas, legislar en comunicación significa, en primer término, elaborar una ley que incluya las grandes áreas comunicacionales: el periodismo, la comunicación masiva, la comunicación alternativa, la comunicación organizacional y la comunicación comunitaria, y no sólo una o dos de ellas como usualmente se tiende a practicar y orientar hasta hoy.

Ahora bien, las áreas comunicacionales identificadas se desarrollan necesariamente con la participación de los actores que intervienen en las mismas: profesionales y técnicos, empresarios y directores de asociaciones civiles, autoridades de Estado y pueblo o sociedad en general. Desde esta perspectiva, representa un acierto a medias que un grupo de personas o un sector pretenda elaborar una ley que incumbe a numerosos sectores de la comunicación y la sociedad.

Una norma al ser pensada, elaborada y aprobada por determinadas personas, individuales o grupales (“bloques de poder”) siempre es una particular representación ideológica y política de la realidad. Es el sello individual o sectorial que predomina en las leyes cuando éstas no son consideradas por la integridad del sujeto social. En este caso, la forma sectorial de una ley se sobrepone a su forma social.

Así por ejemplo, si el sector de los periodistas hicieran una ley comunicacional, ésta tendría la forma periodística, es decir que se priorizarían la producción y distribución de las noticias sobre las demás áreas de la comunicación. Y no es que los periodistas sean malos o mezquinos de por si, sino que sólo estarían reflejando y expresando su realidad profesional, sus intereses y perspectivas. Con la misma barra, si los empresarios de la comunicación se afanaran en una ley de la comunicación, sin lugar a dudas le otorgarían su innegable sello mercantil, debido a que ese es su interés y propósito al invertir en comunicación. Y así con los distintos actores relacionados con la comunicación como los profesionales de los medios masivos o los que desarrollan sus actividades profesionales en relaciones públicas de organizaciones privadas, etc.

No obstante su particular enfoque de la comunicación frente a la variedad de áreas y actores no se trata de marginarlos por anteponer su especialidad o interés profesional en una ley de comunicación, por el contrario, es preciso auspiciar activamente la participación integral de sus diferentes sujetos en la elaboración de una ley comunicativa.

A los sujetos mencionados en anteriores apartados, aún falta el más importante de ellos: el pueblo o la sociedad en su conjunto. Aunque este sujeto constituye el principio y final de la comunicación, nunca es considerado en su integridad, como pueblo o sociedad: para el periodista es perceptor de noticias, para el comunicador es un receptor de mensajes, para el empresario es un potencial cliente, para las autoridades de Estado es un posible elector.

Evidentemente, perceptor, receptor, cliente, elector son categorías asignadas al pueblo que reflejan relaciones con los distintos sujetos de la comunicación, sin embargo, representan también dispositivos conceptuales que reducen no solo la integridad de su ser social, sino su presencia y desarrollo, en tanto sujeto con deberes y derechos en una ley. Por ello, ya resulta impensable su ausencia en los debates y reflexiones en instancias donde se proyecta y elabora una norma comunicativa.

Ahora bien, las áreas comunicacionales y los sujetos de la comunicación se desenvuelven en un contexto histórico social por demás diferente al de otros países. Evidentemente, a diferencia de otras naciones, la plurinación boliviana se presenta como la articulación de diversas formaciones económicas, sociales, culturales sojuzgadas aún por una de ellas, por el capitalismo nacional y extranjero. Y es precisamente esta heterogeneidad nacional la que caracteriza a las bolivianas y los bolivianos, la que le da su identidad y modo de ser, a la vez que constituye el verdadero alcance nacional y umbral de la comunicación.

En tanto pluralidad nacional, reflejada en la Constitución Política del Estado (febrero 2009), constituye una fuerza social y productiva de trascendental importancia, un principio científico y democrático de enorme valor, un poderoso instrumento de análisis, reflexión y debate de distintos problemas prácticos y teóricos. La comunicación no está exenta de la lumbrera plurinacional o al menos no debiera estarlo.

Una ley se caracteriza no solo por el objeto que regula, sino también por la identidad de las posibilidades y responsabilidades, de los derechos y deberes otorgados a sujetos ante aquello que se regula. En este sentido, lo plurinacional representa su unidad e identidad. Los sujetos incluidos en la norma tienen derecho a lo plurinacional, pero a la vez tienen deberes y obligaciones ante el mismo. Esto quiere decir que la elección de la forma de organización económica y social capitalista no debiera liberar de las responsabilidades ante las demás formaciones socioeconómicas (pública, social cooperativa y comunitaria). Así por ejemplo, en un contexto de nación heterogénea los mensajes deben reflejar no solo el movimiento económico, social, cultural del capitalismo, sino ampliar su cobertura a la realidad indígena, pública y social cooperativa, con un mismo valor. Informar sobre lo indígena o lo público debe tener la misma jerarquía que las informaciones en torno al capitalismo. Y este rasero debe ser similar para cada una de las formaciones nacionales heterogéneas del país. Lo plurinacional aquí es considerado objeto de la comunicación, vale decir, como la orientación ideológica o línea editorial de los diversos procesos comunicativos.

Con la pluralidad nacional de Bolivia, subyacen formas heterogéneas comunicacionales: La comunicación capitalista, la comunicación pública, la comunicación social y la comunicación comunitaria, cuya articulación y relacionamiento podrían generar condiciones favorables para el avance no solo de la comunicación, sino para el desarrollo nacional de la propia comunicación boliviana. Esto se ve reflejado en las orientaciones fundamentales de las prácticas comunicacionales: para el capitalismo la comunicación tiene un valor comercial y ganancial; para el Estado, un carácter estratégico de gestión pública; para la social cooperativa y la comunidad, representa un medio de desenvolvimiento y desarrollo individual y colectivo. En este caso, lo plurinacional se manifiesta en referencia a sujetos comunicacionales, es decir, como formas y procesos que desarrollan de manera heterogénea la comunicación social en el país.

En consecuencia, el alcance de la comunicación social que debiera ser el verdaderamente normado se presenta como la articulación de sus áreas y sujetos o actores que intervienen en ellas por un lado, y las distintas formas nacionales de comunicación que subyacen a la pluralidad de las formaciones económico-sociales que caracterizan a Bolivia. Por ello, las consideraciones para una ley de la comunicación en el país necesariamente deben reunir de manera activa a todos los actores de las distintas áreas comunicacionales así como de las diversas formas nacionales de comunicación. Solo así se podría garantizar una ley no tendenciosa ni parcelada, sino una ley inclusiva, una ley general de la comunicación social en Bolivia.

Por: Johny Luis García Guerra.

Es Lic. en Ciencias de la Comunicación Social (UMSA) y autor del libro: “La Comunicación pública externa”

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